Con 77 votos a favor, 0 en contra y 25 abstenciones, el Pleno aprobó modificar la suspensión del plazo de prescripción. La Ley Soto limitó a un año como máximo el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó derogar, con 77 votos a favor, 0 en contra y 25 abstenciones, la Ley N° 32104, también conocida como Ley Soto, y con 66 votos a favor, 0 en contra y 36 abstenciones, la Ley de extinción de dominio.
En el caso de la Ley Soto, el dictamen en mayoría, que incluye a las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras, busca modificar la suspensión del plazo de prescripción, a fin de establecer un límite proporcional. Esto debido a que la actual legislación limitó a un año como máximo el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal.
Ley Soto perjudicaba investigación de delitos mayores
Durante el debate, Indira Huilca (Ahora Nación) resaltó que la actual norma ha beneficiado a diversos políticos.
«Estamos hablando de leyes pro crimen porque se ha debilitado la capacidad del Estado para perseguir el crimen que azota el país. Ha establecido un plazo ciego, de un año máximo, que vale para la investigación de un delito de hurto como para el de una investigación criminal. El crimen que hoy azota nuestro país puede acogerse a este tipo de normas», indicó.
Por su parte, Ernesto Zunini resaltó que era muy necesario que la iniciativa se declare en carácter de urgencia, debido al contexto de inseguridad ciudadana.
“Fue una ley que nunca debió promulgarse, nunca debió existir, nunca fue consultada al pueblo peruano y que, además, estaba envuelta en un evidente conflicto de intereses”, exclamó.
Añadió que la norma da “un plazo perentorio de un año a un Ministerio Público que enfrenta una carga procesal”.
“Tiene serias limitaciones para poder tramitar con celeridad sus investigaciones y les otorga solamente un año para luchar contra la organización criminal, contra el hurto, colusión y demás. Todo prescribe en un año. Justamente se considera inconstitucional porque afecta la proporcionalidad de la prescripción en delitos que no pueden ser procesado en una manera estándar por su gravedad”, anotó.
