A través de un comunicado, advirtieron que el plazo establecido para ejecutar los pagos venció el 22 de marzo de 2025 y, sin embargo, las 80 personas afectadas, incluyendo a los familiares de 6 víctimas que fallecieron durante el proceso, aún no han sido indemnizados.
El Grupo Multipartidario Perú al Desarrollo Sostenible del Congreso, integrado por diputados y senadores de Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Ahora Nación y OBRAS, exhortó al Gobierno de Keiko Fujimori a cumplir con las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de las víctimas de contaminación ambiental en La Oroya.
A través de un comunicado, advirtieron que el plazo establecido para ejecutar los pagos venció el 22 de marzo de 2025 y, sin embargo, las 80 personas afectadas, incluyendo a los familiares de 6 víctimas que fallecieron durante el proceso, aún no han sido indemnizados.
En ese sentido, exigieron que el Ejecutivo “demuestre voluntad política y disponga de inmediato las acciones administrativas y presupuestales necesarias para ejecutar las indemnizaciones”, sobre todo, teniendo en cuenta “los saldos presupuestales usuales en esta época del año”.
“No estamos ante una ayuda ni una concesión del Gobierno, estamos ante una obligación internacional cuyo incumplimiento compromete y desprestigia a nuestro país ante su ciudadanía y la comunidad internacional”, se lee en el documento.
Asimismo, resaltaron que la demanda ha sido planteada en reiteradas ocasiones ante representantes del Ejecutivo, entre ellos el ministro del Ambiente, Vladimir Huaroc, y funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, indicaron que, pese a las reuniones sostenidas durante agosto, septiembre y noviembre de 2026, no hubo acciones.
En su sentencia, la Corte IDH determinó que la población de La Oroya estuvo expuesta durante décadas a elevados niveles de plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre.
Entre las afectaciones identificadas figuran la presencia de metales pesados en la sangre, especialmente en niños, problemas respiratorios, daños neurológicos y del desarrollo, así como riesgos de enfermedades crónicas.
Por ello, el grupo parlamentario consideró que el caso debe convertirse en un precedente para evitar que otras poblaciones atraviesen situaciones similares de contaminación y abandono.
Finalmente, advirtieron que el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) afectaría la credibilidad del país ante la comunidad internacional.
