De acuerdo con los solicitantes, la designación de Gálvez habría incurrido en el supuesto de nulidad del acto administrativo, debido a que luego de su destitución, se inscribió en un partido político y tuvo voceada postulación para la presidencia de la República.
El Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) solicitaron con carácter de urgencia la elección de una nueva persona a cargo de la Fiscalía de la Nación de forma interina en reemplazo de Tomás Gálvez, quien consideran «no cumple con el requisito constitucional de ser y parecer independiente, sino que, por el contrario, incluso, es un actor político».
La solicitud fue presentada ante la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público y sustenta su requerimiento argumentando que la designación de Tomás Gálvez es nula.
Vinculación política
De acuerdo con los solicitantes, la designación de Gálvez habría incurrido en el supuesto de nulidad del acto administrativo, debido a que luego de su destitución, se inscribió en un partido político y tuvo voceada postulación para la presidencia de la República.
«Una condición política real que la sentencia del Tribunal Constitucional no tuvo en cuenta y que no desaparece con la decisión de eliminar el proceso por el cual fue destituido. La Junta Nacional de Justicia tampoco tuvo en cuenta esta condición, por lo que volvió a habilitarle el título de fiscal supremo. Tal situación de hecho del abogado Tomás Gálvez es materialmente incompatible con el cargo de fiscal que, como todo operador de justicia, debe ser y parecer independiente, de acuerdo con el artículo 2, numeral 6 de la Ley de la Carrera Fiscal (N° 30483) e incompatible con la función de “velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia”, según el artículo 159 numeral 2 de la Constitución», se lee.
Remoción de fiscales y otros hechos presuntamente irregulares
Además, señalan que el actual fiscal de la Nación (i) «ha incurrido en tres hechos graves, con los que ha violado su deber de proteger la legalidad y de respetar el ordenamiento jurídico».
El primero es la remoción del cargo a dos fiscales provisionales, las fiscales Elena Carolina Delgado (exfiscal suprema provisional) y Alejandra Cárdenas (exfiscal adjunta suprema provisional), «quienes investigando y solicitando información, respectivamente, sobre hechos de relevancia penal que lo involucran directamente».
Estos hechos estarían relacionados con el «presunto involucramiento del poder político (Luis Valdez, César Acuña, Alianza Para el Progreso), para que el abogado Tomás Gálvez sea nombrado como fiscal supremo, mediante gestiones ante ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura».
Sumado a ello, señalan que Gálvez habría incumplido directamente con el estándar supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), del caso “Casa Nina vs. Perú” del 24 de noviembre del 20202, «al remover a dos fiscales provisionales» sin que se cumpla el escenario necesario para ello.
Como tercer hecho señalan que habría interferido en la función de fiscales provisionales, las fiscales Carolina Delgado y Alejandra Cárdenas. Esto afecta, explica el documento, no solo la independencia fiscal de dichas operadoras de justicia, sino que también ha generado un impacto negativo en el deber de persecución del delito del Ministerio Público.
Piden que Patricia Benavides se abstenga de votación
Por todo ello, piden a la Junta de Fiscales Supremos que atiendan la solicitud con carácter de urgencia. Asimismo, pidieron que la fiscal suprema Patricia Benavides se abstenga de evaluar y votar por «conflicto de intereses» y, finalmente, que se proceda a una nueva elección para el cargo de Fiscal de la Nación interino.
«Cabe mencionar que, al estar vinculados los hechos de la presente solicitud con el caso “Cuellos Blancos”, la misma será puesta en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (seguimiento a audiencia), así como a la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de la magistratura y abogados, por la trascendencia para la independencia del Ministerio Público y la lucha contra la corrupción», se lee.
