En un paso crucial para la transparencia y la lucha contra la corrupción, la Contraloría General ha aprobado una directiva que permite el acceso al secreto bancario y tributario de funcionarios y servidores públicos en los tres niveles de gobierno.
Esta medida se implementa cuando existen indicios de su participación en presuntas irregularidades relacionadas con el enriquecimiento ilícito en el uso o gestión de los bienes y fondos públicos, así como otros delitos conexos.La aprobación de la Directiva N° 007-2024-CG/FIS marca un hito en la capacidad del Organismo Superior de Control para solicitar información confidencial en el marco de acciones de control posterior de tipo forense.
Ahora, el Contralor General podrá requerir el levantamiento del secreto bancario y/o reserva tributaria, garantizando evidencia suficiente y apropiada sobre presunta responsabilidad penal.
Esta medida amplía el espectro de instituciones que pueden solicitar este levantamiento, antes reservado solo para ciertas autoridades.
En un esfuerzo por salvaguardar la confidencialidad de la información solicitada, se establece una rigurosa cadena de custodia de datos. Tanto las personas como las autoridades que accedan a esta información quedan obligadas a mantener la más estricta reserva y enfrentarán responsabilidades administrativas y penales en caso de incumplimiento.
Además, se implementará un aplicativo informático para gestionar estos requerimientos, asegurando la protección de los datos y evitando su uso indebido.
